10 de noviembre de 2026
El Poder Ejecutivo dejó sin efecto la reducción de la sanción a la anestesista Inés Miralles y restableció los cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina por su actuación en la cirugía de María Soledad Barrera. La resolución lleva las firmas del presidente Yamandú Orsi y de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.
La decisión responde a un recurso presentado por Iris Barrera, madre de la paciente, contra la resolución del Ministerio de Salud Pública que en octubre de 2025 había reducido la sanción de cinco a tres años.
Soledad Barrera fue intervenida en el SMI el 26 de octubre de 2023. Durante la operación sufrió un paro cardíaco y un daño neurológico severo e irreversible. Falleció en agosto de 2024.
La Comisión Honoraria de Salud Pública había comprobado cuatro apartamientos graves de las normas de la práctica médica y dispuesto la inhabilitación por cinco años. La posterior reducción, respaldada por un primer informe jurídico del MSP, provocó la renuncia de once de los trece integrantes de la Comisión.
Tras el recurso de la madre, los servicios jurídicos del MSP volvieron a analizar el caso. El Ministerio elevó al Ejecutivo un nuevo informe que incorporó elementos no considerados al momento de la rebaja y recomendó restablecer la sanción original.
Entre esos elementos figura la condena de Miralles por homicidio culpable, dictada en diciembre de 2025 tras un acuerdo abreviado con Fiscalía. La médica reconoció su responsabilidad y recibió una pena de veinticuatro meses de prisión, sustituida por libertad a prueba.
También se valoraron pericias sobre su actuación durante la cirugía y documentación de una investigación realizada por la Sociedad Médica Universal.
El nuevo informe jurídico defendió que la reducción anterior había sido adoptada conforme a derecho con los elementos disponibles entonces, pero sostuvo que las pruebas incorporadas después justificaban reconsiderarla. El Ejecutivo resolvió restablecer los cinco años y mantuvo la exigencia de una reevaluación profesional de la Unidad Académica de Anestesiología de la Udelar antes del vencimiento del plazo.
El diputado del Partido Nacional Federico Casaretto respaldó la resolución presidencial y afirmó estar “absolutamente de acuerdo” con restablecer los cinco años de inhabilitación.
Recordó que varios legisladores habían enviado una nota a Orsi para pedirle que intercediera ante lo que consideraban un “hecho totalmente irregular”.
Para Casaretto, la decisión constituye una desautorización a Lustemberg y deja a la ministra en una posición “insostenible”. Por ese motivo, reclamó su renuncia.
Desde el Frente Amplio, el diputado Preve rechazó esa interpretación y sostuvo que la resolución fue una decisión conjunta de Orsi y Lustemberg, no una desautorización a la jerarca.
Señaló que la sanción nunca había sido eliminada, sino reducida de cinco a tres años, y defendió la revisión como una muestra de que el Gobierno escuchó a la familia y reconsideró lo resuelto.
Foto: Gastón Britos / FocoUy
