30 de octubre de 2026
El Estado uruguayo enfrentó demandas internacionales millonarias. Algunas terminaron con fallos favorables; otras dejaron una cuenta por pagar.
Uno de los casos más conocidos fue el de Philip Morris. La tabacalera cuestionó las medidas antitabaco impulsadas en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Uruguay ganó en 2016 y la empresa fue condenada a reintegrar siete millones de dólares por gastos legales.
También ganó frente a Italba, por el retiro de un permiso de telecomunicaciones durante el gobierno de José Mujica. El fallo de 2019 obligó a la empresa a reintegrar casi seis millones de dólares, aunque en 2022 el cobro todavía se gestionaba. Ese mismo año, 2019, se rechazó el reclamo indemnizatorio de Conecta, vinculada a Petrobras, por unos 80 millones de dólares.
El mayor reclamo fue el de Aratirí: más de 3.500 millones de dólares por el proyecto minero frustrado. El conflicto atravesó los gobiernos de Mujica y Vázquez. Uruguay ganó en 2020, durante Lacalle Pou, y la Justicia francesa ratificó el fallo en octubre de 2026, con Orsi. El Estado quedó habilitado a cobrar gastos judiciales, no el monto que le reclamaban.
Distinto fue el desenlace de Pluna. Por el cierre de la aerolínea en 2012, durante Mujica, Uruguay recibió una condena en 2024: pagar 30 millones de dólares más intereses. El acuerdo de pago llegó en enero de 2025.
