23 de octubre de 2026
El Gobierno uruguayo se encuentra abocado a reformar y actualizar la normativa que regula la expedición y legalización de certificados de antecedentes judiciales. La decisión cobra impulso a raíz del conflicto generado en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) tras negarse a apostillar un certificado de antecedentes a nombre de Sebastián Marset que figuraba sin anotaciones penales vigentes.
El documento en cuestión, emitido por la Dirección Nacional de Policía Científica para ser presentado en litigios en el exterior, indicaba que el ciudadano no registraba antecedentes en Uruguay. Esto responde a la legislación vigente, la cual establece que, transcurridos cinco años del cumplimiento de la última pena sin reincidencia, los antecedentes penales quedan extinguidos a efectos administrativos.
Sin embargo, desde la Dirección de Asuntos Consulares de Cancillería se frenó la entrega y apostillado del legajo, argumentando que resulta inviable otorgar el aval del Estado uruguayo a una persona con una conocida requisitoria judicial activa en el plano internacional.
La discrepancia operativa generada entre las reparticiones del Estado puso en evidencia un vacío legal en la compatibilidad de datos administrativos y la realidad de los requerimientos penales internacionales. Frente a esto, las autoridades proyectan una revisión del marco regulatorio para asegurar que los certificados emitidos reflejen fielmente la situación jurídica de las personas requeridas y evitar que documentación oficial pueda inducir a error a tribunales extranjeros.
