27 de octubre de 2021
La denuncia ante Asuntos Internos de la Policía sobre diversas irregularidades en la fiscalía de Río Branco, el gobierno municipal de esa ciudad y oficiales de la seccional local realizada por un subcomisario, abrió una especie de Caja de Pandora, donde buena parte de los males que son moneda corriente en Cerro Largo quedaron expuestos a nivel nacional.
En lo referido a irregularidades en la Policía, Asuntos Internos pasó el caso a la división de Delitos Complejos. Ninguna de las dos reparticiones citó al denunciante, como es de orden, a pesar de que el voluminoso expediente de 40 gigas con fotos, audios y capturas de pantalla fue presentado en julio de 2020
En lo que tiene que ver con presuntas irregularidades cometidas por la fiscal Bettina Ramos, y si bien denuncias similares habían sido archivadas en el pasado, el fiscal de corte Juan Gómez le dio 48 horas a la magistrada para que presente una defensa pero se encamina a iniciarle un sumario por la gravedad de las acusaciones en su contra.
En resumen:
El subcomisario denuncia que Ramos se negó a indagar a dos grupos narcos.
Una denuncia contra traficantes de marihuana que la fiscal había desestimado terminó convirtiéndose en un caso de narcotráfico y sus responsables procesados.
Se negó a escuchar grabaciones que una funcionaria municipal, removida por el alcalde Christian Morell, le presentó en la que se oye al gobernante nacionalista sugerirle que si lo apoyaba políticamente con él no tendría problemas.
Decisiones como esta que involucran a dirigentes blancos cobran relevancia luego de que una funcionaria de fiscalía, también sancionada por Ramos, dice en una grabación que la magistrada usó su coche con matrícula oficial para participar en una caravana del Partido Nacional.
La misma funcionaria dijo que Ramos cobró $50 mil a una mujer para no negarse a que su hijo fuera excarcelado.
En ese mismo audio se señala que siete cotorras paraguayas incautadas por Aduanas fueron hurtadas de la fiscalía por Ramos que se las llevó a su domicilio.
El gremio de funcionarios de la fiscalía denunciaron ante el fiscal Gómez abuso de poder por parte de la fiscal Ramos y brindaron pruebas de que esta contrató por un mes a una funcionaria, militante del partido nacional, sin tener potestades para hacerlo.
Se la acusa además de no haberse excusado de actuar en un caso de contrabando en el que está involucrado un policía con el que tiene una larga e íntima amistad.