1 de noviembre de 2021
Hace unos días revisaba en mi celular más de dos decenas de «denuncias» que me enviaban desde distintos puntos del país policías de diverso rango quejándose de situaciones derivadas de denuncias de presunta corrupción.
En Cerro Largo denuncias de teléfonos de víctimas pirateadas por investigadores, en San José agentes enojados por supuesto mal funcionamiento del patrullaje, y en Treinta y Tres un policía que denunció al jefe máximo por corrupción removido como sanción a esa denuncia. Buena parte de los mensajes mencionan directa o indirectamente a los jefes de Policía de los lugares de donde parten esos mensajes.
¿Qué está pasando?, me preguntaba y sumaba esto a la ola de homicidios (ocho en menos de 24 horas) y muertes violentas en las cárceles (un 24% más que el año anterior si tomamos cifras a octubre).
En varias ocasiones, como ocurrió en su momento con la fuga del delincuente Hugo Pereira, el ministro Luis Alberto Heber daba inicialmente respuestas brindadas por sus asesores que luego debía rectificar. ¿Estará el problema en los civiles que conducen el ministerio?, me preguntaba.
En ese momento recibí una llamada de Patricia Rodríguez, referente del sindicato de policías, y me informó que este lunes 1° se reunirían con los asesores del ministro del Interior. ¿El tema? La inquietud que tiene el sindicato policial porque advierten que la secretaría de estado ha renunciado al control directo de la Policía y dejó esto en manos de los jefes regionales.
Para el sindicato esto es evidente porque cada vez que piden reuniones con las autoridades políticas del ministerio, en los encuentros no falta nunca la presencia del sub director nacional, Jel comisario mayor retirado Jorge Berriel.
Rodríguez dice que esto no pasaba, que cuando las reuniones eran con las conducción política, los uniformados quedaban afuera; pero ahora el número dos de la Policía jugaba un papel importante en esas reuniones donde, además, participaban asesores cuyo perfil es el de expertos en el tema seguridad.
Es extraño, o no tanto, que personas que asesoraban a Heber cuando era ministro de Transporte, ahora lo siguen siendo luego de que este asumió en Interior. Asesores en Transportes o en seguridad, daría igual.
Esta renuncia de la política en manos de los jefes de Policía se vio incrementada tras la muerte de Jorge Larrañaga, quien si bien tampoco era un experto en seguridad, suplía sus carencias con una exagerada presencia en actividades policiales.
Heber tiene un perfil distinto. Un gestor que depende mucho de sus asesores. Y si sus asesores políticos tampoco son expertos, debe apelar a los jerarcas policiales, la mayoría de los cuales heredó tras la muerte de Larrañaga. Un combo complejo, si agregamos que buena parte de los jefes de Policía son integrantes de una vieja guardia cuyo estilo desentona con las necesidades actuales y no solo por el uso o no de la tecnología.
La mano dura como concepto de manejo policial no solo la aplican con los delincuentes sino también con los subalternos que, si carecen de apoyo o presencia política, quedan a merced de severas reglamentaciones que permiten, por ejemplo, que un jefe denunciado por un agente pueda trasladar a ese agente a un lugar lejano por haberlo denunciado. ¿Y la oficina de Asuntos Internos? En ocasiones ha actuado de manera errática, trasladando las investigaciones a manos de los propios denunciados.
Así las cosas, los gremios plantearán este asunto pensando en sus intereses. Pero por otro lado está el interés general, sometido ahora a esta disyuntiva: si la política se aleja de la conducción policial esta queda en manos de veteranos policías, y entonces tenemos una Policía que se controla a sí misma y que marca las grandes líneas de funcionamiento como las pequeñas. En principio, parece mucho.
